Restringiendo el derecho a la alimentación en la OMC

El único asunto destacado de la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada los días 15 al 17 de diciembre fue la oportunidad que brindó a su Director General, Pascal Lamy, de criticar enérgicamente la nota informativa del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, la cual exhorta a la reunión a implementar cambios fundamentales en la reglas de la OMC con el objeto de brindar a los estados miembros espacio para cumplir sus obligaciones respecto a asegurar el derecho a la alimentación. “La OMC”, expresó por escrito De Schutter, “continúa procurando la meta obsoleta de incrementar el comercio por sí mismo, en lugar de fomentar un crecimiento del comercio únicamente en la medida que aumente el bienestar humano. Es por ello que considera a las políticas de seguridad alimentaria como un desvío inoportuno de su camino”.

La respuesta de Lamy (por el momento solamente en inglés y que en su título en el sitio web de la OMC dice erróneamente “rebate”) comprueba la verdad de esta crítica.

La defensa de Lamy de la organización que preside se basa en tres afirmaciones. Las tres son enteramente auto-referenciales y no contienen referencia alguna a la realidad que constituye el punto de partida de De Schutter, a saber, que la expansión del comercio mundial de productos agrícolas bajo el régimen de la OMC ha estado acompañado por una creciente inseguridad alimentaria y que las actuales normas del comercio mundial son parte del problema, en la medida que limitan la capacidad de los países en desarrollo de proteger y promover su producción interna de alimentos.

En primer término, expresa Lamy, no puede ser verdad que la normativa de la OMC viola el derecho a la alimentación, dado que el derecho a la alimentación está “mencionado” y “referenciado” en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. “Los gobiernos”, afirma, “tienen el derecho soberano de aplicar políticas para lograr la seguridad alimentaria en función de sus obligaciones internacionales”. No obstante, las referencias y menciones no dan de comer a nadie, ni tampoco responden al llamado de De Schutter de examinar el verdadero impacto mundial de las disposiciones que este tratado impone.

Aún más, los gobiernos no solamente tienen el derecho soberano de aplicar políticas que promuevan la seguridad alimentaria. Sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos los obligan a perseguir este objetivo de política y actuar concretamente para asegurar la gradual materialización de este derecho humano fundamental. Es éste el significado del derecho a la alimentación: es un derecho que no puede ser calificado, limitado o subordinado con respecto a “otras” (léase “comerciales”) obligaciones internacionales.

En segundo lugar, continúa Lamy, es falso afirmar que los países puedan tener que limitar la excesiva dependencia en el comercio de productos agrícolas a fin de cumplir sus compromisos del derecho a la alimentación. La prueba de esto radica en que así lo han señalado organizaciones que abarcan al FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la FAO y la propia OMC.

Si se requieren más pruebas, Lamy nos recuerda que “Efectivamente, nuestros Miembros negocian hacia una mayor igualdad de condiciones para todos con el propósito de mejorar su capacidad de lograr la seguridad alimentaria”. Esta propuesta meramente reformula el problema que De Schutter está investigando, es decir, si es que en el mundo real el aumento del comercio de productos agrícolas se tradujo en una mayor seguridad alimentaria o, si no fuera así, qué se necesita hacer.

Éste es el mundo según Lamy: “Siendo el comercio parte de una coherente estrategia macroeconómica y de economía estructural, los recursos tenderán hacia una asignación basada en las ventajas comparativas, limitando las ineficiencias. Como respuesta a una divulgación perfeccionada de señales imparciales de precios, los productores competitivos ajustan sus decisiones de producción e inversión. Esta respuesta de abastecimiento ayuda a mitigar la presión de los precios, contribuyendo a  una mejor disponibilidad de alimentos asequibles”.

El trillado refrito de Lamy acerca de los clichés del libre comercio puede, con un poco de maquillaje, explicar la ‘ventaja comparativa’ que disfrutan los comerciantes y elaboradores gigantes que dominan el comercio mundial de materias primas agrícolas. No puede explicar la progresiva falta de disponibilidad de alimentos a precios razonables.

“Esto puede parecer como seguridad alimentaria en el papel”, manifiesta De Schutter en su respuesta a Lamy, “pero es un enfoque que ha fracasado espectacularmente. La realidad palpable consiste en que las poblaciones vulnerables están confinadas al hambre y la pobreza endémicos.”

Por su propia naturaleza, la OMC no puede dar cuenta de la devastación social desencadenada por el actual régimen comercial. No se considera a la agricultura como una fuente de sustento, sino como una fuente de materias primas comerciables. Las normas de la OMC requieren que las verdaderas cuestiones subyacentes en la crisis de alimentos sean excluidas de consideración. Las interrogantes planteadas nuevamente por De Schutter en su respuesta a Lamy –“¿Quién produce, para quién, a qué precio, bajo qué condiciones y con qué repercusiones económicas, sociales y ambientales?”—son inadmisibles bajo las normas de la OMC.

La doctrinaria reiteración de Lamy de las fórmulas de los libros de texto no puede reconocer la existencia de una crisis social y ambiental a gran escala, de la cual el hambre mundial en crecimiento es una poderosa expresión. De hecho, la palabra “hambre” está ausente en su carta a De Schutter. Él no puede explicar por qué la mitad del creciente número de hambrientos del mundo son productores de alimentos, debido a que no puede formular la pregunta: ¿por qué?

No puede explicar por qué la “eficiente asignación de precios” ha sobrecargado a los países menos adelantados deficitarios en alimentos con un aumento del 600% en sus gastos de importación de alimentos durante el curso de la existencia de la OMC. Su única respuesta al  pronóstico de la FAO acerca de un alza sin precedentes para el próximo año en las importaciones de cereales de los países en desarrollo consiste en recurrir a más de las mismas políticas fallidas.

Una mirada a los objetivos formulados, así como a la letra menuda del Acuerdo sobre la Agricultura, confirma esto y nos conduce a la tercera afirmación de Lamy: que el Acuerdo permite efectivamente a los gobiernos espacio para políticas que procuren la seguridad alimentaría. De nuevo en este caso, él refuerza completamente a De Schutter. El “amplio espacio” para que los países en desarrollo aborden sus objetivos de seguridad alimentaria sólo existe en los documentos producidos por la secretaría de la OMC. Como ejemplo, cita al Compartimento Verde del Acuerdo sobre la Agricultura (que define los subsidios permitidos), pero el Compartimento Verde fue específicamente creado para permitir subvenciones permanentes a los grandes productores que inundan los mercados mundiales con importaciones baratas. Por su naturaleza, es incompatible con los programas nacionales para fortalecer la producción interna mediante la regulación y la protección. La utilización estratégica de las reservas de cereales para amortiguar la volatilidad de los precios es admisible, señala Lamy, pero solamente en el contexto de la ayuda alimentaria de emergencia, no como un elemento de regulación “distorsionante del comercio”. Esto deja a los comerciantes gigantes de materias primas al mando de las reservas alimentarias del mundo – pero, por supuesto, la OMC rige esto.

De Schutter no está argumentando “contra” el comercio, una propuesta tan absurda como carente de sentido, ni tampoco está postulando la autosuficiencia total en la producción de alimentos. Él reclama un nuevo examen y una nueva formulación de las normas de comercio e inversiones que destruyeron la capacidad de muchos países de satisfacer sus necesidades alimentarias actuales y futuras a través del incremento de su producción interna, dejándolos vivamente vulnerables a precios de alimentos en alza y cada vez más volátiles.

Él tiene razón. Desde hace tiempo la UITA y muchos otros críticos del sistema alimentario mundial han manifestado comentarios similares sobre el papel de la OMC en el debilitamiento de la seguridad alimentaria. Lo que evidentemente molestó a Lamy es que De Schutter, aunque es un experto independiente, expresa sus críticas desde el propio marco del sistema de las Naciones Unidas. De Schutter también subrayó enérgicamente la importancia de los Convenios de la OIT y de los derechos de los trabajadores para el fomento del derecho a la alimentación. “El derecho a la alimentación no es una mercancía y no debemos tratarlo más como tal”, resalta De Schutter. El movimiento laboral debe pronunciarse en voz alta y unánimemente para apoyar su trabajo.

________________________

Las publicaciones de la UITA referidas a la OMC y al sistema alimentario mundial están disponibles aquí.

Las publicaciones y otros documentos del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación se encuentran a disposición aquí, incluyendo el excelente informe sobre “Los Agronegocios y el Derecho a la Alimentación”.